Nils Kastberg (2008) III Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual de la Infancia, Río de Janeiro, Brasil.

Río de Janeiro.-  El III Congreso Mundial Contra la Explotación Sexual de la Infancia estableció hoy un plazo de cinco años para que los gobiernos de todo el mundo pongan fin a este tipo de violencia contra niños y adolescentes, considerada por Unicef, convocante del evento, como la peor que existe.

El Congreso también urgió a ratificar "sin retrasos", para la misma fecha, las convenciones regionales más importantes sobre esta materia, como la Carta Africana de Derechos y Bienestar de los Niños o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Tráfico Internacional de Menores y Violencia contra Mujeres.El documento final de este encuentro hizo un llamamiento mundial para que todos los países firmen, antes del final de 2013, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño y su protocolo opcional sobre tráfico y prostitución infantil.

El director de la Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, explicó que el margen de cinco años es un "plazo realista" en tanto que la sociedad civil presione a los gobiernos para que tome medidas y urgió a que comiencen cuanto antes, porque "se requiere mucho tiempo" para capacitar a policías y jueces en el área.

"Tenemos bastantes esperanzas por la gran participación que han tenido los adolescentes en este Congreso, que ahora podrán contribuir a reforzar los movimientos sociales en sus países", afirmó Kastberg en declaraciones a Efe.

El representante de la Unicef afirmó que autoridades de varias naciones de la región han demostrado "voluntad" en avanzar en la lucha contra los abusos sexuales, como es el caso de Costa Rica, que desea acelerar la lucha contra la pornografía, o el de Brasil, que quiere articular políticas hasta el nivel municipal.

Kastberg también subrayó la concienciación de líderes religiosos y de empresarios del sector turístico, comprometidos con acabar con la prostitución infantil en sus locales y que "parten con un equipaje de prácticas muy bueno" para poner en funcionamiento tras el Congreso.

Entre las medidas propuestas destaca la prohibición de todo tipo de violencia sexual contra menores, incluidas prácticas como el matrimonio a edades tempranas.

Se urge a abolir el requisito de doble criminalidad, para facilitar las extradiciones de los autores de los abusos sexuales y poder juzgarlos, aunque hayan cometido los delitos en jurisdicción de otro país que carezca de leyes para perseguirlos.

El documento pide tratar a los niños como víctimas y nunca como responsables de los delitos, con respeto, secreto de su identidad durante los procesos judiciales y cuidados específicos para evitar nuevos traumas.

También se insta a mejorar los mecanismos de cooperación internacional a nivel administrativo, gubernamental y policial.

En especial, se solicita colaborar con la Interpol en casos como el del turismo sexual.

Para ello se propone utilizar un sistema de notificación internacional de esta policía, para que los gobiernos avisen cuándo y a dónde viajan los sujetos con historial de explotación sexual infantil.

En el campo de internet, se pide que se defina el delito de pornografía infantil con base en parámetros internacionales, así como que se criminalice la producción, distribución, recepción y posesión de imágenes sexuales con menores.